El Consejo Nacional Electoral fijó para el 15 de noviembre de 2026 la fecha del referéndum consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución para Venezuela.
El anuncio generó un intenso debate político y jurídico, con sectores de la oposición que advierten sobre los riesgos de usar una constituyente para perpetuar el control del chavismo sobre las instituciones.
La sociedad civil organizada exigió garantías de que el proceso sea inclusivo, transparente y no sea utilizado para modificar el equilibrio de poderes antes de las elecciones presidenciales previstas para 2027.
Organismos internacionales como la ONU y la OEA pidieron que cualquier proceso constituyente cuente con amplia participación ciudadana y supervisión internacional.
