Una investigación periodística reveló que cientos de contratos de construcción de viviendas populares en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron adjudicados a empresas inexistentes que cobraron millones de bolívares por obras que jamás se realizaron.
Los documentos obtenidos por los investigadores muestran que al menos 40.000 familias aparecen en los registros oficiales como beneficiarias de viviendas que nunca fueron construidas, mientras los contratos fueron cobrados y los fondos desaparecieron.
El esquema involucra a funcionarios del Ministerio de Vivienda, alcaldes y gobernadores que se beneficiaron de las comisiones generadas por los contratos fraudulentos.
Varios de los implicados identificados en la investigación huyeron del país y residen actualmente en el exterior, donde los investigadores detectaron propiedades y cuentas bancarias a su nombre.
