Un análisis de imágenes satelitales combinado con testimonios de comunidades indígenas y ambientalistas reveló que la minería ilegal en la región del Arco Minero del Orinoco devastó más de 2 millones de hectáreas de selva tropical durante los últimos cinco años.
La destrucción, equivalente al territorio de El Salvador, incluye la contaminación de ríos con mercurio, la destrucción de ecosistemas únicos y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas que habitaban el territorio desde tiempos ancestrales.
La investigación, que contó con la participación de organizaciones ambientales internacionales, identificó redes criminales transnacionales con vínculos en Brasil, Colombia y el Caribe que operan con impunidad en la zona.
La Fiscalía venezolana anunció la apertura de investigaciones contra varias de las personas identificadas en el informe.
