La Asamblea Nacional venezolana aprobó una Ley de Acceso a la Información Pública que obliga a todos los organismos del Estado a responder solicitudes de información ciudadana en un plazo máximo de 20 días hábiles.
La legislación, debatida durante más de dos décadas sin llegar a concretarse, establece sanciones para los funcionarios que obstruyan el acceso a información de interés público y crea una instancia independiente para resolver disputas.
Organizaciones de la sociedad civil y periodistas celebraron la aprobación como un avance histórico para la transparencia y la rendición de cuentas en Venezuela.
La ley entrará en vigencia en 90 días, plazo durante el cual los organismos del Estado deberán adaptar sus sistemas para recibir y procesar solicitudes de información.
